Uribe - 3/10/2
Se desconocen las identidades de las víctimas, mientras que la Policía investiga el hecho.
SAN CRISTÓBAL.- Cuatro personas resultaron muertas ayer tarde en un intento de atraco, que en principio se dijo era a la sucursal del Banco de Reservas ubicada en el municipio de Cambita Garabito, en esta provincia.
Pero, posteriormente una fuente del banco aseguró que el intento de atraco se había producido en un colmado y el tiroteo ocurrió cuando la policía perseguía a los delincuentes frente a la sucursal.
Se informó que dos de los muertos eran atracadores y los otros eran transeúntes que cruzaban la calle al momento del tiroteo.
La patrulla que perseguía a los sospechosos estaba integrada por el sargento José Marte Corporán y el sargento García Piña y el cabo Danilo Rodríguez, quien fue el primero que enfrentó a los delincuentes frente al Banco de Reservas, en el parque de Cambita. Al lugar también se presentó el sargento mayor Héctor David Mejía. Mientras huían, los asaltantes utilizaron a motorista Guillermo Lorenzo, quien resultó herido
El Jefe de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, estuvo en el lugar de la tragedia y también el vocero Nelson Rosario.
Guzmán Fermín dijo que la Policía, sin exceso, va a perseguir y actuar con dureza contra la delincuencia.
De acuerdo con las informaciones dos atracadores fueron retenidos por la seguridad del banco, pero se soltaron y comenzó una balacera, en la que intervinieron los atracadores, la seguridad del banco y la Policía.
En el incidente resultaron muertas las cuatro personas y otras cinco, entre ellos una profesora de la escuela Pedro Garabito, ubicada próximo al establecimiento bancario.
Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas, mientras que la Policía investiga el hecho.
lunes, 9 de marzo de 2009
Los “cirujanos” de la Policía se hacen sentir en Bonao
domingo, 08 de marzo de 2009
BONAO, República Dominicana.- Los niños duraron una semana arrojando arena sobre la sangre que reaparecía sobre la calle sin pavimento, insistente, tras cada llovizna. Finalmente la mancha roja se desvaneció, pero en el barrio María Auxiliadora, de Bonao, la gente recuerda con exactitud y pesar el hecho que la produjo:
“Esto estaba lleno de policías. Primero le tiraron por los pies. Después un policía bajó del jeep y le dio el último, en la cabeza, y se le salieron los dientes y los ojos…” Estas son las palabras de un pequeño de siete años que narra cómo el pasado 8 de enero un grupo de agentes policiales mató de 20 disparos a José Miguel Moreta, de 22 años.
Cuenta que los policías le hablaban fuerte a su víctima, que tras cada disparo preguntaban si le dolía y que duraron más de una hora para darle el tiro de gracia.
Narra el hecho con precisión y con la coherencia que permite su edad: se toma la licencia de interrumpir el curso lógico de su propio relato para contar el final muchas veces. Otra niña de apenas tres años también presenció una acción similar: vio el cuerpo de su tío Rafael Ernesto Rosario descender por la escalera en forma de espiral que conduce a los dormitorios de su casa. Los agentes, que le habían disparado minutos antes, lo bajaron a patadas.
Junto a la escalera, en el mismo rincón en que el pasado 14 de febrero quedó el charco de sangre, están apoyadas las muletas que habían acompañado al joven durante los últimos meses, pues en septiembre del año pasado había sido baleado por una patrulla policial que lo dejó parapléjico. Los detalles de este primer ataque los cuenta el hermano de la víctima, Joel Palosky Rosario, de 27 años.
Refiere además la historia de Nelson Antonio Mota, un hombre de más de 40 años que estaba con su hermano Rafael Ernesto, cuando fue baleado, y que también recibió tres disparos, dos en la pierna izquierda y uno en la derecha.
Mientras reseña los casos, Joel hace rotar entre sus dedos el palo que le sirve de muleta desde octubre del año pasado, cuando también recibió tres disparos que dañaron su rodilla derecha.
Estas muertes violentas perpetradas por agentes policiales, y la aplicación del denominado método de “Los Cirujanos” (práctica mediante la cual los policías disparan a los presuntos delincuentes en las extremidades inferiores con el fin de dejarlos paralíticos) han tomado auge en Monseñor Nouel en los últimos seis meses.
Arquímedes Reyes, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la provincia, denuncia que en el último semestre más de 30 jóvenes han sido atacados con este método. Asegura que se trata de una estrategia institucional y que los agentes policiales que atacan a tiros a un presunto delincuente son recompensados con tres días libres.
El activista atribuye la culpa del auge de las prácticas de “Los Cirujanos” tanto a las autoridades policiales como al presidente de la República, Leonel Fernández: “La principal responsabilidad es del presidente de la República, que no le interesa el asunto de los derechos humanos. Es por eso que nuestro país, lamentablemente, está desacreditado en materia de derechos humanos. Porque eso no es una prioridad del Estado”.
Curiosamente, los casos de este tipo de ataques en la demarcación se hacen frecuentes a partir de la llegada a la Jefatura de la Policía Nacional del general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, un oficial que fue señalado por la CNDH como motor de esta práctica en 2003, cuando desempeñó el cargo de director de la Regional Noreste de la Policía, con asiento en San Francisco de Macorís. La mayoría de los ataques contra jóvenes que hoy están lisiados se produjeron durante el desempeño como jefe de la dotación policial de Bonao del coronel destituido Antonio Cepeda Ureña. Fue sustituido por el coronel Miguel Abréu Suriel a finales de enero, luego de salir a relucir la vinculación de diez miembros de ese equipo con el narcotráfico.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos de 2008, dado a conocer en enero, ya había alertado sobre la incursión de la Policía Nacional en prácticas ilícitas, obsoletas y violatorias de las leyes.
Las causas
Al margen de la discusión ya desgastada sobre si las prácticas de “Los Cirujanos” contribuyen o no a reducir los niveles de delincuencia, surgen algunas interrogantes: ¿por qué las autoridades retoman un método que, durante su apogeo, fue desdeñada por violar los derechos humanos, la Constitución y al Código Procesal Penal?
Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, entiende que las acciones policiales para combatir la delincuencia dependen de quien esté al frente de la jefatura policial y que la causa fundamental de que estos hechos reaparezcan o cobren fuerza es la impunidad, pues en 2003, cuando “Los Cirujanos” dejaron paralíticos a centenares de jóvenes -según estima el jurista- los responsables evadieron la justicia.
El politólogo de la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales (FLACSO) y experto en materia de seguridad, Daniel Pou, explica que la incursión de manera cíclica en prácticas que en otro momento han sido consideradas obsoletas refleja un evidente desgaste de la institución policial que, con sus acciones, se mueve en una trayectoria circular y va recogiendo y aplicando sus viejos errores.
“Aquí no ha habido una decisión del Estado con peso político para hacer una verdadera transformación de la Policía, para que asuma su rol con un verdadero carácter científico”, dice.
El experto asegura que los intentos de depuración en la Policía Nacional no son más que “situaciones coyunturales”. Entiende que con esto no se hace más que aumentar el costo de una institución policial ineficiente y penetrada por la corrupción. Este año, el Gobierno destinará más de RD$18.3 millones al proceso de innovación y transformación policial, más de RD$127.1 millones a la formación policial y RD$17.6 millones a la integración de la Policía Nacional con la comunidad, según se contempla en Presupuesto Nacional.
¿Es una solución? “No”, responde Pou, y habla de la necesidad de modificar la esencia de la institución y re-orientar su estructura y su política pública: “Que sea una institución transparente, manejada desde la sociedad con elementos para hacer posible que los controles internos impidan las prácticas deformadoras de la institución”, dice.
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| El sábado 21 de febrero, Ramón Leonardo Báez de 27 años, fué atacado por policías de Bonao que le dieron dos disparos en cada pierna |
| Alberto Rosario / Clave Digital |
“Esto estaba lleno de policías. Primero le tiraron por los pies. Después un policía bajó del jeep y le dio el último, en la cabeza, y se le salieron los dientes y los ojos…” Estas son las palabras de un pequeño de siete años que narra cómo el pasado 8 de enero un grupo de agentes policiales mató de 20 disparos a José Miguel Moreta, de 22 años.
Cuenta que los policías le hablaban fuerte a su víctima, que tras cada disparo preguntaban si le dolía y que duraron más de una hora para darle el tiro de gracia.
Narra el hecho con precisión y con la coherencia que permite su edad: se toma la licencia de interrumpir el curso lógico de su propio relato para contar el final muchas veces. Otra niña de apenas tres años también presenció una acción similar: vio el cuerpo de su tío Rafael Ernesto Rosario descender por la escalera en forma de espiral que conduce a los dormitorios de su casa. Los agentes, que le habían disparado minutos antes, lo bajaron a patadas.
Junto a la escalera, en el mismo rincón en que el pasado 14 de febrero quedó el charco de sangre, están apoyadas las muletas que habían acompañado al joven durante los últimos meses, pues en septiembre del año pasado había sido baleado por una patrulla policial que lo dejó parapléjico. Los detalles de este primer ataque los cuenta el hermano de la víctima, Joel Palosky Rosario, de 27 años.
Refiere además la historia de Nelson Antonio Mota, un hombre de más de 40 años que estaba con su hermano Rafael Ernesto, cuando fue baleado, y que también recibió tres disparos, dos en la pierna izquierda y uno en la derecha.
Mientras reseña los casos, Joel hace rotar entre sus dedos el palo que le sirve de muleta desde octubre del año pasado, cuando también recibió tres disparos que dañaron su rodilla derecha.
Estas muertes violentas perpetradas por agentes policiales, y la aplicación del denominado método de “Los Cirujanos” (práctica mediante la cual los policías disparan a los presuntos delincuentes en las extremidades inferiores con el fin de dejarlos paralíticos) han tomado auge en Monseñor Nouel en los últimos seis meses.
Arquímedes Reyes, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la provincia, denuncia que en el último semestre más de 30 jóvenes han sido atacados con este método. Asegura que se trata de una estrategia institucional y que los agentes policiales que atacan a tiros a un presunto delincuente son recompensados con tres días libres.
| ALGUNOS CASOS |
| 6 de enero: Alexander Espinosa Abreu, de 22 años. Recibió disparos en ambas piernas. El mismo día Domingo Mejía fue baleado en las dos piernas y el brazo izquierdo. 7 de enero: Aunque no cita los casos, el periódico local Resplandor da cuenta de que en los dos primeros días de 2009 sumaron cinco los supuestos delincuentes heridos en las piernas por agentes policiales. 8 de enero: Fueron heridos de bala en las extremidades Elionito Martínez, de 23 años, y Ramón Antonio Canela, de 29. Este mismo día la Policía acribilló (con más de 20 disparos) a José Miguel Moreta. 14 de enero: Cae herido en ambas piernas Raúl Rodríguez Beato, de 22 años. 19 de enero: Juan Pablo Ramírez, de 27 años, recibió cuatro disparos, dos en cada pierna. 22 de enero: Fue herido Gilberto Rodríguez, de 18 años. Recibió 3 balazos en la rodilla derecha, una en el tobillo derecho y uno en la mano izquierda. |
Curiosamente, los casos de este tipo de ataques en la demarcación se hacen frecuentes a partir de la llegada a la Jefatura de la Policía Nacional del general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, un oficial que fue señalado por la CNDH como motor de esta práctica en 2003, cuando desempeñó el cargo de director de la Regional Noreste de la Policía, con asiento en San Francisco de Macorís. La mayoría de los ataques contra jóvenes que hoy están lisiados se produjeron durante el desempeño como jefe de la dotación policial de Bonao del coronel destituido Antonio Cepeda Ureña. Fue sustituido por el coronel Miguel Abréu Suriel a finales de enero, luego de salir a relucir la vinculación de diez miembros de ese equipo con el narcotráfico.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos de 2008, dado a conocer en enero, ya había alertado sobre la incursión de la Policía Nacional en prácticas ilícitas, obsoletas y violatorias de las leyes.
Las causas
Al margen de la discusión ya desgastada sobre si las prácticas de “Los Cirujanos” contribuyen o no a reducir los niveles de delincuencia, surgen algunas interrogantes: ¿por qué las autoridades retoman un método que, durante su apogeo, fue desdeñada por violar los derechos humanos, la Constitución y al Código Procesal Penal?
Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, entiende que las acciones policiales para combatir la delincuencia dependen de quien esté al frente de la jefatura policial y que la causa fundamental de que estos hechos reaparezcan o cobren fuerza es la impunidad, pues en 2003, cuando “Los Cirujanos” dejaron paralíticos a centenares de jóvenes -según estima el jurista- los responsables evadieron la justicia.
El politólogo de la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales (FLACSO) y experto en materia de seguridad, Daniel Pou, explica que la incursión de manera cíclica en prácticas que en otro momento han sido consideradas obsoletas refleja un evidente desgaste de la institución policial que, con sus acciones, se mueve en una trayectoria circular y va recogiendo y aplicando sus viejos errores.
“Aquí no ha habido una decisión del Estado con peso político para hacer una verdadera transformación de la Policía, para que asuma su rol con un verdadero carácter científico”, dice.
El experto asegura que los intentos de depuración en la Policía Nacional no son más que “situaciones coyunturales”. Entiende que con esto no se hace más que aumentar el costo de una institución policial ineficiente y penetrada por la corrupción. Este año, el Gobierno destinará más de RD$18.3 millones al proceso de innovación y transformación policial, más de RD$127.1 millones a la formación policial y RD$17.6 millones a la integración de la Policía Nacional con la comunidad, según se contempla en Presupuesto Nacional.
¿Es una solución? “No”, responde Pou, y habla de la necesidad de modificar la esencia de la institución y re-orientar su estructura y su política pública: “Que sea una institución transparente, manejada desde la sociedad con elementos para hacer posible que los controles internos impidan las prácticas deformadoras de la institución”, dice.
Detectan descontrol en nómina de la OTTT
En la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) existe un descontrol de tal magnitud que su director desconoce la nómina real del organismo; admite que hay “nominillas” y que tiene familiares trabajando en esa entidad.
Franklin Beltré declaró esas irregularidades en un trabajo de investigación que presentó el pasado sábado la periodista Nuria Piera en su programa Nuria en el 9, que se difunde por Color Visión.
La nómina de la institución presentada tiene 635 empleados, con un monto de 7 millones 800 mil pesos, lo que representa alrededor de 94 millones al año. Sin embargo, el funcionario no tiene una cifra exacta del presupuesto que maneja.
“Me parece que anda en ciento y pico, ciento treinta y pico de millones de pesos”, dijo.
Según la investigación, Beltré agrega más de 200 empleados a la nómina oficial, por eso dice que la OTTT tiene un personal de 800 ó 900 personas. “No sé con exactitud la cantidad de empleados”, expresó.
“No es una nominilla, es una nominita de empleados de la institución, que cobran también por ahí, porque es un presupuesto de la institución”, dijo.
Beltré tiene varios familiares trabajando en la OTTT, de los que confirma algunos “yo tengo aquí uno, dos o tres familiares: tengo una sobrina que trabaja en asistencia social, tengo otro sobrino que trabaja en mi despacho, tengo también a Charlie Beltré que trabaja con nosotros en asistencia social”, reconoció.
“Yo puedo mencionar un compadre mío, un compadre querido, que es subdirector, una persona que yo quiero muchísimo, que yo le ayudaba a mantener a los hijos, y que también está trabajando aquí, que yo nombré subdirector, pero que él ni siquiera viene, pero que yo hago la cosa por amor, porque siempre he pensado en la familia, pero no sólo es él, hay otros más”, admitió.
En la nómina aparecen 19 empleados con sus apellidos: Beltré y Cabral, muchos de los cuales son de su pueblo natal: Guayabal, de Padre las Casas.
En el organismo existe un departamento de “motoconcho”, con una nómina de alrededor de RD$2 millones mensual, con una empleomanía de 177 personas, incluyendo 39 supervisores, con sueldo de hasta RD$35 mil, como es el caso de la estudiante de derecho Cecilia Altagracia Osoria Sandoval Mota, designada a la terminal de motoconcho de Santiago, aunque vive en la capital. Pero, Beltré desconoce eso y dice: “Cualquier cosa que haya anormal estamos en ánimo de corregirla”. [dOMINGO Berigüete]
Ostentación de bienes después de nombrado
El 28 de agosto de 2007, Beltré asumió la dirección de la OTTT, y tres meses después entró al patrimonio del funcionario una yipeta Chevrolet Tajo, adquiridad el 30 de junio del mismo año, valorada en 64 mil dólares, una yipeta Honda CRV, de 550 mil pesos, sin fecha de adquisición; más cinco solares en la parcela 77 C-13, con un certificado que no se corresponde con esa parcela, según reveló la comunicadora.
En el sector Prado Oriental también tiene una casa supuestamente sin certificado de título, valorada en siete millones de pesos, un apartamento en iguales condiciones, ubicado en el condominio Lili I, Santo Domingo Oriental.
Según su declaración jurada, a un año de ser posesionado en el cargo, Beltré depositó un millón de pesos, y de crédito hipotecario sólo menciona unos 904 mil pesos y una deuda con el señor Jaime Pérez Lloret, por 2 millones 335 mil pesos.
Su declaración jurada dice que es asociado a la empresa Infrabeca, con una acción de 300 mil pesos, constituida el 18 de julio de 2008, pero él mismo admite que ahora no tiene oficina.
El funcionario vive actualmente en un apartamento ubicado en el sector Alma Rosa I, valorado en cinco millones de pesos, su nuevo vehículo costó 64 mil dólares. Construye un edificio de tres pisos en Brisas del Mar, una vivienda a sus padres en Guayabal, Azua, y su sueldo es de 87 mil pesos, paga de la yipeta una cuota de cerca de 30 mil pesos, y 42 mil pesos más del apartamento, más un préstamo de dos millones. “Yo no tomo, no bebo, mi esposa mantiene la casa”, dijo Beltré.
Refleja descontrol de su personal
Desconoce cargos departamento de relaciones públicas
Milka de los Milagros Beltré Veloz tiene el cargo de “enfermera motoconcho”, gana un salario de 12 mil pesos. Supuestamente, ella es prima del funcionario, y es del mismo lugar que él: Padre Las Casas.
“Es que hay gente que se ha puesto por ahí, y cobra por ahí, y hace su trabajo”, dijo Beltré Cabral.
Juan Soriano Reyes es un fotógrafo de motoconcho que está nombrado con 15 mil pesos mensuales, a quien nadie conoce en el departamento de motoconcho.
En la entidad hay además un encargado de relaciones públicas de motoconcho, con un sueldo de 12 mil pesos, un subencargado y un relacionista público adicional, ambos ganan 10 mil pesos mensuales.
Sin embargo, Beltré alega desconocer esos cargos “yo sólo conozco un encargado de relaciones públicas en la OTTT: que es Miguel Montes”.
Uso privado de vehículos
En la administración de Beltré, en la OTTT se han comprado 10 camionetas Isuzu doble cabina modelo 2008, de las cuales una se quedó al servicio de la casa del funcionario, para llevar las niñas al colegio, según consigna Nuria en su reportaje.
“Esa camioneta debe andar detrás del director como parte de su seguridad, pero no me gusta”, indicó el funcionario.
El director de la OTTT tiene un equipo de seguridad dirigido por un coronel, dos agentes cuidan una casa vacía que Beltré está vendiendo, pero él lo niega y dice que “ahí no hay equipo de seguridad, lo que pasa es que un militar que debe estar de servicio en mi casa, yo lo tengo allá”, respondió Beltré.
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